Las medidas de protección de la Ley Maria da Penha ahora alcanzan la violencia contra la mujer motivada por razones de género, dentro o fuera del hogar.
En una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF, tribunal constitucional de Brasil), del 19 de agosto de 2026, las medidas de protección de la Ley Maria da Penha (Ley n.º 11.340/2006, norma brasileña sobre violencia contra la mujer) pasaron a alcanzar cualquier violencia contra la mujer motivada por razones de género. En la práctica, la protección deja de depender del ámbito doméstico, familiar o de una relación íntima con el agresor. La decisión fue unánime y tiene carácter vinculante para los tribunales.
Cuándo rigen las medidas de protección fuera del hogar
La ley solía asociarse a la violencia doméstica, familiar o derivada de una relación íntima. Ahora el criterio central es la motivación de género. Es decir, lo que importa es el motivo de la agresión, y no el lugar donde ocurre ni el vínculo entre las partes.
Por ejemplo, la protección alcanza amenazas y acosos persistentes practicados por vecinos, compañeros de trabajo, superiores jerárquicos, desconocidos y acosadores digitales. La decisión también abarca la violencia política de género. Para las empresas, el punto merece atención, porque compañeros y superiores figuran entre los posibles autores.
¿Qué ocurre cuando el juzgado ante el que se acude no es el competente?
La mujer en riesgo no necesita esperar a que se defina el juzgado correcto. Si el juzgado inicialmente requerido es incompetente, la medida puede concederse igualmente de inmediato, siempre que exista un riesgo concreto para su integridad. A continuación, los autos se remiten al juzgado especializado, que procede a su ratificación.
Este criterio también se alinea con la Convención de Belém do Pará, tratado internacional dirigido al combate de la violencia contra la mujer.
Los desafíos para aplicar la decisión en la práctica
La efectividad dependerá, en primer lugar, de la capacidad de respuesta de los juzgados y de las comisarías. Además, faltan parámetros para identificar la motivación de género fuera del contexto doméstico. También será necesario crear mecanismos de fiscalización de las medidas de protección concedidas.
La cuestión pendiente es cómo los tribunales reconocerán la motivación de género cuando no exista convivencia entre víctima y agresor.
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