La regulación de la inteligencia artificial en Brasil todavía es un proyecto, pero ya indica lo que las empresas tendrán que cumplir.
La regulación de la inteligencia artificial en Brasil aún depende del Congreso Nacional. El PL nº 2.338/2023 (proyecto de ley) es la principal iniciativa general sobre la materia. El Senado lo aprobó, y la Cámara de Diputados analiza ahora el texto. Por ello, nada de esto rige como ley por el momento. Aun así, el proyecto muestra lo que las empresas deben esperar.
Regulación de la inteligencia artificial: lo que prevé el proyecto general
El texto trata de gobernanza, derechos de autor, protección del trabajador, IA generativa, sanciones y responsabilidad civil. Además, prevé una estructura regulatoria coordinada por la ANPD (Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil). Los sistemas de IA generativa y de uso general pasarían por una evaluación de riesgo previa.
Las decisiones con consecuencias jurídicas tendrían revisión humana, y el uso comercial de obras protegidas generaría compensación. Las multas administrativas alcanzarían los 50 millones de reales. En la práctica, quien utilice IA para decidir sobre personas tendría que acreditar control y seguridad.
Los sistemas de diagnóstico médico, de control de infraestructura y los vehículos autónomos en espacios públicos se considerarían de alto riesgo. Las armas autónomas quedarían prohibidas.
¿Quién es el inventor de una creación realizada con IA?
Otro frente se refiere a las patentes. El PL nº 3.936/2024 propone que el inventor sea siempre una persona humana. Ambos proyectos tramitan de forma conjunta, porque el PL nº 303/2024 acompaña al primero. La propuesta también reduce el plazo de protección de las invenciones realizadas con IA, y el recorte aumenta según la autonomía de la máquina. Para las empresas de tecnología e investigación, esto incide en quién registra y quién explota la creación.
Cómo puede prepararse la empresa antes de la votación
En primer lugar, identifique dónde utiliza la empresa la IA y qué datos tratan esos sistemas. Después, deje constancia de quién revisa las decisiones automatizadas. Por último, revise los contratos con los proveedores de IA, sobre todo en cuanto a derechos de autor y responsabilidad. En el sector público, las directrices de febrero de 2025 ya exigen validación humana en el uso de IA generativa.
Nuestro entendimiento es que una gobernanza de IA bien estructurada desde ahora reduce el costo de adaptación si el proyecto se convierte en ley. El texto aún puede modificarse en la Cámara y regresar al Senado, de modo que conviene seguir las enmiendas antes de fijar cualquier política interna.
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